Lunes, 11 de julio de 2022

Boletín Oficial 579

Quito, Ecuador. Como parte de un gobierno de paz, diálogo, respeto a los derechos humanos, y -sobre todo- como parte de un gobierno que cumple su palabra, el presidente de la República, Guillermo Lasso, se congratuló de iniciar el proceso para integrar al sistema penitenciario del país a 1.400 nuevos guías de los cuales 1.300 son aspirantes al cuerpo de seguridad y vigilancia, y 100 serán capacitados para inspectores educadores de centros de adolescentes infractores.

“Nuestro gobierno impulsa un modelo que integra la seguridad y la rehabilitación social, con mejores instalaciones y nuevas tecnologías, pero también con personal capacitado”, aseguró el Jefe de Estado al detallar que, después de capacitarse, los 1.300 agentes trabajarán en noviembre de este año controlando de mejor manera a las 32.600 personas privadas de libertad, que permanecen en 36 centros carcelarios del Ecuador.

Los aspirantes, mediante un video descriptivo del proceso, resaltaron que su labor no solo repercute en los privados de la libertad sino en la comunidad en general, pues su misión es contribuir con una verdadera reinserción social.

El Mandatario anunció que el próximo año habrá una segunda convocatoria, para incrementar 1.000 agentes y completar los 4.000 que el Sistema Penitenciario del país requiere para cumplir las normas internacionales. “Por primera vez en la historia del país, hasta finales de año, empezará a funcionar la Escuela de Formación de Agentes Penitenciarios”, sostuvo al especificar que en este espacio tendrán un plan de carrera, entrenamiento e instructores especializados. Además de evaluaciones poligráficas, toxicológicas, sicológicas y un programa anticorrupción.

Los procesos de capacitación también contarán con una fase teórica para una formación integral “pues nuestra visión no solo se enfoca en la seguridad pública, sino que se liga a la parte humana garantizando el goce de derechos”, dijo la secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores.

Todo esto es parte de las acciones interinstitucionales coordinadas que emprende el Gobierno para la rehabilitación social, que buscan dar a las personas privadas de la libertad condiciones de vida dignas mientras cumplen sus penas y que cuenta con siete pilares: la restructuración jurídica; profesionalización del cuerpo de seguridad; repotenciación de infraestructura; construcción del proceso de pacificación; fortalecimiento de seguridad; equipamiento tecnológico; construcción de un proceso de rehabilitación.

Precisamente, el desarrollo de este plan, junto a acciones como el procedimiento de indultos, permitió reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios, del “26,75 % a diciembre del 2021 a 8 % del presente mes en 2022”, informó el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Pablo Ramírez.

Lo que, además, se suma al censo y registro penitenciario que están en marcha y que serán fundamentales para avanzar y mejorar el sistema, revisando las necesidades y contando con datos certeros para tener un diagnóstico claro.

Lasso reiteró: “No podemos poner llave a las celdas y olvidarnos de esas personas. Ellos perdieron su libertad, pero no han perdido sus derechos. Esos lugares deben ser espacios de una verdadera rehabilitación, para que los internos tengan una segunda oportunidad de vida junto a sus familias”.

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