Gobierno Nacional entregó proyecto de Ley Anticorrupción a la Asamblea Nacional
Quito, Pichincha – En cumplimiento al anuncio del presidente de la República, Lenín Moreno, que remitirá a la Asamblea Nacional un proyecto de ley anticorrupción, la secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, Johana Pesántez, entregó la propuesta al Legislativo, que acoge la demanda ciudadana de acciones urgentes para combatir este mal y recuperar los dineros robados.
Son dos documentos los que se presentaron en la Asamblea Nacional: el proyecto de Ley Orgánica Anticorrupción y Protección al Denunciante, anunciado por el Mandatario, y el veto total del Ejecutivo al cuerpo legal anticorrupción aprobado por el Legislativo, debido a que este último presentaba falencias técnicas y jurídicas.
La Secretaria Jurídica detalló que la nueva propuesta del Ejecutivo aglutina “todos los elementos importantes que buscamos para la lucha contra la corrupción, un cáncer que ha minado a nuestra sociedad”. Su contenido, expuesto en siete puntos, se complementa con otras propuestas formuladas por el Ejecutivo, como la Ley de Extinción de Dominio, y permitirá al Estado mitigar el perjuicio económico estimado en $ 40 mil millones, según cifras preliminares.
La normativa viabilizará la incautación de bienes de quienes incurrieron en actos de corrupción, facilitará la recuperación del dinero mal habido de manos de quienes lo sustrajeron, además de agilizar los procesos de repetición (cobrar a los funcionarios responsables del mal manejo de los dineros públicos). También habilitará un sistema de recompensas para quienes brinden información -cierta y comprobable- respecto de dónde ubicar el dinero y los bienes robados.
Asimismo, concederá que quienes en su momento incurrieron en actos de soborno, puedan denunciar -por una sola ocasión y sin sanción- a los funcionarios que se beneficiaron de esos recursos y proteger a los denunciantes de cualquier tipo de retaliación o acoso.
Una vez que la ley sea aprobada y entre en vigencia, las personas que tengan a su nombre bienes que no les pertenecen, tendrán un plazo de 90 días para informar los nombres de los verdaderos propietarios. Si lo hacen dentro de este tiempo, no serán castigados por enriquecimiento injustificado.
Ayer, el Primer Mandatario recordó que, desde el primer día de su gestión, se empeñó en “una cirugía mayor a la corrupción” y este cuerpo legal permitirá emprender acciones directas contra quienes afectaron los recursos del país y la ciudadanía. “Para ganar la batalla de la decencia, contra el robo, el país necesita leyes ágiles, eficientes, contundentes y de fácil aplicación, además del compromiso diario de todos los ecuatorianos”, sentenció.
También convocó al Consejo de la Judicatura para que jueces y fiscales se conviertan en los principales aliados en la lucha anticorrupción. Y especialmente a los ciudadanos, quienes podrán hacer uso de la línea telefónica gratuita 1 800 DELITO para entregar información sobre bienes mal habidos y testaferros.
“Esperamos que la Asamblea Nacional, en el menor tiempo posible y realizando el trámite que corresponde, lo pueda resolver y aprobar”, puntualizó la Secretaria Pesántez, al referir al interés del Gobierno Nacional por una pronta entrada en vigencia de la Ley Orgánica.