Quito, Pichincha – La secretaria Jurídica de la Presidencia, Johanna Pesántez, y el secretario Particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, dieron a conocer la mañana de este martes 22 de octubre los elementos que comprenden el veto al Código Orgánico Integral Penal (COIP) entregado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional a fin de que este cuerpo legal se ajuste a las demandas del país y prevalezca la justicia frente al cometimiento de delitos.

Pesántez explicó que el veto se entregó en apego a la “facultad de colegislador que tiene el Presidente de la República” con miras a “dar respuestas a los ciudadanos que tienen que ir al sistema penal y dar facilidades al operador de justicia”, además de “proteger a los más vulnerables”, que es el eje transversal de las decisiones del Gobierno Nacional.

En este sentido, informó que en materia de delitos que tienen mayor incidencia como robo, violencia sexual, violación, asesinato y secuestro se han contemplado importantes ajustes, que en el documento anterior no constaban. Sobre la tenencia de armas blancas, indicó que ahora la fuerza pública tendrá la atribución de retirarlos para evitar el cometimiento de otros ilícitos que pongan en peligro la vida de las personas.

En cuanto a la reincidencia de delitos, explicó que ya no se juzgará solo por repetir el mismo acto, sino que se considerará cualquier otro ilícito por parte de la persona. Por otro lado, en casos de violencia sexual, con la nueva ley se establece la obligatoriedad de denunciar estos actos por parte de quienes conozcan de los mismos, como educadores, médicos o cuidadores. En caso de no hacerlo se impondrán las sanciones correspondientes.

De igual manera, si el agresor es parte del entorno de la víctima, se considerará como un factor agravante dentro del proceso. “Generalmente los temas de violencia sexual o de violación se refiere a quienes están en el entorno familiar y hemos visto la necesidad de que se extienda a cualquier otra persona que pueda haber tenido en su momento cuidado de la víctima”, manifestó.

Sobre el tema del secuestro, refirió que se busca un aumento de la pena para perpetradores del acto por negarse a brindar información del paradero de la víctima y también por privarle de su libertad a la persona y “aprovecharse de estas condiciones de poder”. Agregó que “lo que se propone aquí es que cuando existan indicios sobre hechos reales, probados y directos dentro del secuestro puedan ser usados como prueba en el juicio”.

Mientras tanto, en el delito de asesinato, se contempla un aumento de la pena a través de agravantes generales por aprovecharse de las condiciones personales de la víctima que impliquen indefensión o discriminación.

La funcionaria declaró que también se considerarán como agravantes, los actos que se comentan fuera de la ley en diferentes aspectos. Por ejemplo, cuando la infracción sea cometida contra cualquier servidor de la fuerza pública que se encuentre cumpliendo sus funciones y deberes.

De igual manera, cuando se cometan infracciones, en medio de una conmoción social sobre bienes patrimoniales o en contra de cualquier funcionario que brinde servicios para garantizar el derecho de otras personas, como periodistas, médicos y personal de asistencia humanitaria; situación que efectivamente ocurrió en los últimos hechos vividos en el país.

Otro tema de vital importancia en el trabajo de lucha contra la corrupción, indicó Pesantez, es el de la incautación y decomiso sin sentencia. Al respecto, se vetó lo enviado por la Asamblea por cuanto “procesalmente tiene ciertas limitaciones y se lo aplica en la última etapa del proceso penal”. Al respecto resaltó que la nueva propuesta es que, a través de la incautación, el decomiso pueda hacerse lo más pronto posible, “porque lo más seguro es que quienes cometen este delito, lo que van a querer es desaparecer las evidencias del mismo”. Además, en lo que señala la Asamblea, no se aplica a todos los delitos sino solo a personas que están fugadas. Nuestra propuesta es para diversos delitos, adicionalmente que “respetamos el debido proceso, pero determinamos el destino de los bienes comisados”, esclareció.         

Por su parte, el secretario Juan Sebastián Roldan, respecto a las declaraciones del dirigente indígena Jaime Vargas, presidente de la Conaie, sobre la posible creación de un ejército, manifestó que “el anuncio de cualquier persona de crear un ejército paralelo es un delito en el Ecuador”, por lo que le corresponde a la Fiscalía y a los jueces determinar cómo actuar al respecto.

“A nosotros como Ejecutivo nos preocupa enormemente. En el país existe un Ejercito que está enmarcado en las leyes y en la Constitución. Su accionar responde a lo que han hecho las gloriosas Fuerzas Armadas para la prevalencia de nuestra República y cualquier anuncio de la creación de otro Ejercito no tiene asidero en la ley, en la Constitución y en un Estado de derecho como el ecuatoriano”, finalizó.

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