Tras detectarse deficiencias técnicas en la central hidroeléctrica San Francisco -proyecto contratado en el año 2000 en el gobierno de Gustavo Noboa e inaugurado en el 2007- el Presidente de la República, Rafael Correa, mediante Decreto Ejecutivo 1348 del 23 de septiembre de 2008, expulsó del país a la compañía Odebretcht, ordenó el arraigo de sus más altos funcionarios en Ecuador y, rescindió todos sus contratos: Toachi Pilatón, Multipropósito Baba y Carrizal Chone. Además, la constructora debió ceder su participación en el Consorcio Tena, como contratista del nuevo aeropuerto de Tena.

Estas acciones son aún más decidoras si se considera que –dada la evolución de la estructura de pagos indebidos-, Odebrecht incluso crea en el año 2006 la “División de Operaciones Estructuradas”, la cual era en realidad su unidad de sobornos, como manifiesta el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Odebretcht vuelve a trabajar con el Estado en julio de 2010, luego de que aceptara todas las condiciones exigidas por el Gobierno Nacional. Debió reparar integralmente la central San Francisco por un monto estimado en 55.7 millones de dólares, así como pagar 20 millones de dólares por los costos ocasionados por la paralización de la central.

Los contratos con Odebretcht que el Gobierno ha ejecutado después del 2010 son el trasvase Daule – Vinces, por un monto total de 299,36 millones de dólares; la central hidroeléctrica de Manduriacu, por un monto total de 199,9 millones de dólares; la preparación de terreno para la Refinería del Pacífico por un monto total de 303,millones de dólares; el acueducto La Esperanza por un monto total de 296,01 millones de dólares; y el poliducto Pascuales-Cuenca, por un monto total de 547 millones de dólares.

En todas estas obras, Odebrecht participó y ganó en concursos abiertos. Todos los proyectos han sido ya entregados o se encuentran en fase de cierre y en todos los casos existen informes finales de auditoría de la Contraloría General del Estado en su fase pre contractual y, para los tres primeros proyectos, también en la fase contractual. Los dos proyectos restantes han sido ya auditados en su fase contractual en un 77% y 71% respectivamente.

Odebrecht también ganó por concurso la ampliación del puerto de aguas profundas de Manta, adjudicación que fue cancelada por el Gobierno Nacional debido a un redimensionamiento del proyecto.

La única obra que la empresa ejecutó por emergencia fue la reparación urgente de la hidroeléctrica Pucará, inaugurada en 1977, cuyo túnel colapsó en octubre del año 2011 debido a fallas geológicas. El monto del contrato fue de 24,2 millones de dólares, y la central volvió a entrar en operación en noviembre de 2012.

Como queda extremadamente claro, la conducta del Gobierno Nacional siempre ha sido transparente y decidida en función de los intereses de la Patria. Podemos sostener con firmeza que jamás hemos permitido ningún perjuicio al país. Si ha habido comportamientos personales inapropiados somos los primeros en querer identificar a los responsables, ya que esta es la forma de corrupción más difícil de detectar, como sucedió en la Refinería de Esmeraldas.

Sin embargo, tampoco permitiremos que ocurra lo que sucedió con los llamados “Panama Papers”, donde las denuncias fueron selectivas y algunas veces claramente sesgadas, tratando de involucrar por motivaciones políticas hasta al propio Vicepresidente de la República.

Lamentablemente, hay claras similitudes. Por ejemplo, pese a que Odebrecht trabaja en el país desde los años 80 y que en el resto de los casos se analiza un período que va del año 2001 al 2016, para el caso de Ecuador, sólo se analiza el período 2007-2016, coincidente con nuestro Gobierno.

Además, el ejemplo que pone el Departamento de Justicia de Estados Unidos como caso de corrupción es por demás desafortunado, ya que argumenta que funcionarios públicos recibieron coimas en el año 2007 y 2008, precisamente cuando Odebrecht fue expulsada del país, decisión que sostuvimos a pesar de que Brasil retiró a su embajador y no obstante, inmensas presiones mediáticas.

Tampoco aceptaremos, sin pruebas ni beneficio de inventario, las versiones de los directivos de una empresa que se ha declarado culpable de actos de corrupción y que para atenuarlos, literalmente “negocia” su responsabilidad ante la justicia estadounidense con millonarias multas de por medio. Esperamos que este no sea el caso, pero no nos sorprendería tampoco que el Departamento de Justicia subordine su administración, una vez más, a los intereses de la política exterior de Washington.

Reiteramos el pedido al Departamento de Justicia y al Gobierno norteamericano para que cooperen de manera activa y efectiva con Ecuador para la extradición de varios ciudadanos ecuatorianos que, desde hace años, son prófugos de la justicia por graves actos de corrupción en nuestro país y que se encuentran plenamente identificados y cómodamente residiendo en los Estados Unidos.

Finalmente, la prensa omite informar que Odebrecht no tiene actualmente obras a ejecutar con el Gobierno central o que ha tenido también contratos con gobiernos locales como los de la Ruta Viva fases I y II.

El único contrato que tiene Odebretch vigente en Ecuador es con el municipio de Quito, mediante el Consorcio Acciona-Odebrecht, para la construcción de la fase 2 del Metro de Quito, por un monto de 1538 millones de dólares, suma que, por sí sola, prácticamente equivale a todos los contratos mantenidos con el Gobierno Nacional.