Boletín N° 272

27 de junio de 2024

Quito, Ecuador. En el marco de los esfuerzos del gobierno del Nuevo Ecuador por fortalecer la seguridad ciudadana y enfrentar a los grupos delincuenciales y narcoterroristas, se prevé que el presidente Daniel Noboa Azin envíe un nuevo estado de excepción a la Corte Constitucional. En esta ocasión, este instrumento contará con el aval de la Asociación Mundial de Juristas (WJA, por sus siglas en inglés), institución que, en su calidad de observadores jurídicos, concluyó tras un análisis objetivo que el proyecto se ajusta estrictamente a la legalidad constitucional. 

WJA es una entidad no gubernamental de la sociedad civil, con estatus consultivo especial en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Cuenta con 60 años de trayectoria y reúne a destacados profesionales del ámbito jurídico, con el propósito de cooperar en el fortalecimiento y la expansión del Estado de Derecho y sus instituciones en todo el mundo.

Este organismo estableció un Comité Internacional para el Seguimiento del Estado de Derecho en Ecuador, como una iniciativa técnica y académica. Es así que, el Comité emitió un informe jurídico sobre la adecuación del proyecto de Decreto Ejecutivo de declaratoria de estado de excepción a la Constitución de la República; concluyendo que cumple plenamente la disposición constitucional. 

Así lo confirmaron miembros de este comité en rueda de prensa, desarrollada este 27 de junio en Quito. José Francisco Estévez, director del Área Internacional del WAJ, explicó: “Consideramos que el estado de excepción es una medida de protección del Estado de Derecho (…). Y sobre la misma doctrina de la Corte Constitucional de la República de Ecuador consideramos que las razones que llevaron al primer estado de excepción continúan y hemos constatado que tras las medidas, ha mejorado el nivel de seguridad. Por consiguiente, creemos muy adecuado poder disponer de esa medida”.

Elena Fernández, también miembro de la WJA y experta jurista en temas de narcotráfico, delincuencia y crimen organizado, acotó que – con absoluto respeto a los ordenamientos internos-, la asociación verifica que las decisiones de los Estados se ajusten a las normas fundamentales, por lo que insistió en que este proyecto de decreto de estado de excepción “cumple con los parámetros que se dictan a nivel constitucional y a nivel de los dictámenes de la Corte”.

Según el informe del Comité, el enfoque de los análisis estuvo delimitado en los marcos jurídicos nacionales e internacionales que rigen la institución del estado de excepción en Ecuador: dictámenes de la Corte Constitucional, particularmente aquellos emitidos respecto a los decretos ejecutivos que declaran el estado de excepción; el alcance del control formal y material de la declaratoria de los estados de excepción en el país, y los requisitos constitucionales, legales y jurisprudenciales nacionales e internacionales al respecto.