Quito, Ecuador. “Hoy damos otro paso importante en nuestro propósito de mejorar las condiciones y herramientas que tienen policías y militares para actuar en defensa de los ciudadanos, y proteger derechos y libertades”, anunció el Presidente de la República, Guillermo Lasso, al suscribir el Reglamento a la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza, para respaldar el accionar de las fuerzas del orden y precautelar la seguridad ciudadana.

Este instrumento aclara disposiciones confusas de la Ley y profundiza aspectos relevantes para la actuación de policías, militares y guías penitenciarios. Por ejemplo, define con claridad que la materialización del acto ilícito es la amenaza o peligro inminente, que puede poner en riesgo la vida de los ciudadanos y de los miembros de la fuerza pública. “El absurdo de que el policía debe esperar a que el delincuente le dispare o dispare a un ciudadano, se terminó”, acotó el Jefe de Estado.

También, con este reglamento, la fuerza pública puede actuar con la seguridad de que la normativa los respalda, pues los instrumentos legales guiarán de forma razonable la actuación de los jueces y fiscales para que ningún uniformado sea enjuiciado por hacer su trabajo.

El Secretario Nacional de Seguridad Pública y del Estado, Wagner Bravo, enfatizó en que policías, militares y guías penitenciarios van a estar en estricta observancia de este Reglamento, “deben y van a hacer el uso de los instrumentos legales y materiales para obligar a aquellas personas que han escogido actuar fuera de las normas de convivencia y la ley a presentarse ante ella”.

La suscripción del instrumento se suma a otras acciones que ya implementa el Gobierno del Ecuador para la seguridad del país. El pasado 27 de abril, el Cosepe resolvió declarar al terrorismo como una amenaza que atenta contra el Estado y su seguridad integral.

Posteriormente, el 3 de mayo, el Presidente Lasso firmó el decreto ejecutivo que daba cumplimiento a esta resolución y con el que se dispuso a las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Nacional, que en cumplimiento de su misión de defender la soberanía e integridad territorial y de proteger los derechos, se ejecuten operaciones militares para enfrentar y contrarrestar a las personas y organizaciones que cometen actos terroristas.

Además, el Gobierno avanza en el objetivo de incorporar 30.000 policías para completar los 80.000 que el país requiere y continúa trabajando para dotar a las fuerzas del orden de más armas, municiones, vehículos y otros equipos.

Precisamente, el Ministro del Interior, Juan Zapata, también anunció que se prevé que la próxima semana se afinen detalles para suscribir un convenio con la Corte Nacional de Justicia para que las armas que han sido incautadas pasen a ser usadas por la Policía.