Martes, 23 de noviembre de 2021

Boletín Oficial 327

Quito, Ecuador. La mañana de este martes 23 de noviembre, el Estado ecuatoriano dio un paso importante para el fortalecimiento de su institucionalidad mediante la presentación e implementación de la “Procuraduría del Futuro”, moderno modelo de gestión impulsado por la Procuraduría General del Estado (PGE), con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El presidente de la República, Guillermo Lasso, lideró este acto en donde se evidenció que dicha iniciativa, entre otras cosas, precautelará los recursos de la nación por concepto de arbitrajes judiciales.

En su alocución, el Primer Mandatario felicitó al procurador, Íñigo Salvador, por poner en marcha este programa que se alinea con la prioridad del Gobierno del Encuentro: fortalecer la institucionalidad del Estado y capacitar a los funcionarios para servir mejor a la ciudadanía. Esta afirmación la hizo en virtud de los objetivos del proyecto que son: reducir la conflictividad judicial del Estado, capacitar permanentemente al personal jurídico de la PGE y entidades estatales incluidos los gobiernos locales; y crear una plataforma tecnológica que apoye en los procesos que llegan a esa institución.

Al respecto, Lasso refirió que actualmente, en la PGE, reposan 102.450 procesos nacionales y 34 internacionales activos- sin contar con los que se suman a lo largo del tiempo y los que se libran en la Corte Interamericana de Derechos Humanos- que representan más de USD 57.000 millones en demandas. “Si reducimos el 10% de procesos, evitaríamos pagar USD 5.700 millones, un monto mucho menor que nuestro actual déficit fiscal. Esos recursos podrían ser direccionados a salud, educación, empleo y seguridad”, puntualizó el Mandatario.

Por ello, el Presidente de la República expresó: “cuente con nuestro respaldo para llevar adelante la Procuraduría del Futuro cuyo objetivo fundamental es consolidar el Estado de derecho en beneficio de la sociedad ecuatoriana”. A ello agregó que, el éxito de este programa depende de la estabilidad de los funcionarios; por lo que fue enfático al mencionar que “no podemos jugar con el Ecuador. Es momento de expresar mi respaldo político como Presiente y Gobierno al Dr. Íñigo Salvador”, pues a su juicio es vital respetar los periodos de las autoridades, “independientemente de nuestras visiones”.

Por su parte, Íñigo Salvador explicó que el propósito es presentar un proyecto que nace como respuesta a una necesidad de evitar que Ecuador malgaste sus recursos en costosos litigios. En ese sentido, mencionó que tomando como base el ciclo de defensa jurídica que lleva adelante la PGE -cuyos eslabones son: prevención, solución amistosa, representación en juicio y recuperación- es indispensable una modernización de la gestión que tenga como base la prevención de conflictos.

“Según la propuesta se creará un Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado dirigido por la PGE (…). El cuerpo de procuradores actuará con enfoque preventivo, con énfasis a los procesos antes de que lleguen a instancias judiciales con el objeto de disminuir la conflictividad judicial, reducir el riesgo fiscal y pasivos contingentes estatales, e incrementar progresivamente la seguridad jurídica y cultura de paz para ciudadanos”, informó el titular de la Procuraduría.

Con esa perspectiva indicó que, a fin de afrontar estos retos, la PGE acudió al BID – en primera instancia mediante el MEF- para proponer que el organismo financie el Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Procuraduría (Profit). Gracias a ello, se logró un préstamo de USD 5 millones los cuales servirán para ejecutar este proceso que inició en 2019 y termina en 2023.

“Creemos estar en capacidad de crear un impacto en las finanzas del Estado ecuatoriano en procesos de defensa jurídica”, resaltó Salvador. Esto, en el sentido de que la implementación del nuevo modelo de gestión, con un sólido enfoque preventivo y previendo una reducción de al menos 1% de casos, permitirá un ahorro aproximado al país de USD 570 millones al año.  “Desde el 1 de diciembre inicia fase de prueba y ajustes del nuevo modelo de gestión y a fin de mes lo aprobaremos definitivamente, así como cada uno de sus instrumentos. El 1 de enero 2022 comenzará su implementación”, explicó el funcionario, al tiempo que convocó al compromiso de todas las autoridades de las instituciones estatales para garantizar el éxito de este programa.

Juan Carlos de la Hoz, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destacó que su organismo ve con agrado que Ecuador actúa con una visión de desarrollo sostenible con miras al 2025, aspecto que se sostiene sobre pilares fundamentales como: creación y facilitación de posibilidades de inversión; combate al cambio climático y fortalecimiento de la institucionalidad para tener sostenibilidad fiscal.

Por ello, dijo Hoz, el BID acompañará el programa de la Procuraduría General del Estado. “Estos temas son importantes de cara a la transparencia al ciudadano e inversores (…).  El compromiso del grupo del BID es más fuerte que nunca. Tenemos plena confianza en las posibilidades de crecimiento y de atención de los sectores más vulnerables. Seguiremos con todo nuestro empeño en transmitir la capacidad de fortalecimiento de la institucionalidad del Estado, seguridad jurídica y del Estado de Derecho”.

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