Presidente Lenín Moreno instó a la Función Judicial a trabajar con compromiso por el país y a no dejar delitos en la impunidad
Quito, Ecuador – El presidente de la República, Lenín Moreno, participó la mañana de este martes 3 de septiembre en el evento “Lucha del Gobierno Nacional contra la Impunidad”, que se realizó en la capital, en el Regimiento Quito. Al acto acudieron autoridades de Estado, entre ellas el vicepresidente Otto Sonnenholzner y la ministra de Gobierno, María Paula Romo.
El Primer Mandatario inició su alocución agradeciendo a los miembros de la Policía Nacional por su esforzado trabajo para garantizar el bienestar de la ciudadanía incluso exponiendo sus propias vidas diariamente. “Sabemos de su sacrificio y de su entrega. ¡Muchas gracias por cuidar de nuestras familias y de la sociedad entera!”, resaltó.
El Jefe de Esatdo solicitó a la ministra Romo “que no se escatime ningún recurso ni económico, ni administrativo, ni jurídico para poder defender a nuestros hermanos policías” y agregó que “es imperdonable que como sociedad sancionemos a los inocentes”.
En este sentido lamentó, que el policía David Velasteguí –comando del Grupo de Operaciones Especiales (GOE)- haya sido sentenciado con pena privativa de la libertad por haber cumplido su deber de luchar contra el crimen organizado, producto de la minería ilegal.
Velasteguí fue condenado a 3 años y 4 meses de cárcel por la muerte de un ciudadano durante el operativo conocido como “Mascarilla”, en la provincia de Imbabura; por eso, el presidente Moreno se solidarizó con Evelyn –familiar del uniformado- a quien ratificó el apoyo del Gobierno Nacional. “No los vamos a abandonar ni un solo momento (…) No cabe duda de que David Velasteguí debería estar sirviendo a su país”, insistió.
Por este y otros casos de injusticia que se han dado, el Primer Mandatario instó a que otros sectores, como municipios, ciudadanía, periodistas “y de manera especial la función judicial” se sumen al fortalecimiento de la seguridad en el Ecuador. Sobre este aspecto rechazó que existan “jueces y fiscales ineficientes” que dejan en libertad a personas que cometieron delitos, pese a haber sido capturados por la Policía.
“De nada sirve su trabajo, cuando ciertos operadores de justicia no actúan en el marco de la ley (…) demostrando que no tienen la menor conciencia de la importancia de la vida humana”, recriminó el presidente Moreno. Además, recordó que en 2019 se ha destinado para la Función Judicial un monto de USD 560 millones, un valor que se traduce en USD 47 millones mensuales.
También resaltó que su administración invierte en el equipamiento de 50 mil hombres y mujeres policías para que puedan ejercer su labor de manera óptima; pero que lamentablemente su tarea se ve opacada por algunos operadores de justicia que no actúan en el marco de la ley.
En este acto, el Jefe de Estado lamentó nuevamente la decisión de un sector de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de retomar las armas. “Nos solidarizamos con nuestros hermanos colombianos. Esa decisión no solo afecta a nuestros vecinos del norte: nos afecta directamente a nosotros y a toda la región. No estamos hablando de guerrilla ideológica sino de narcoterrorismo”, sentenció.
Finalmente, el Primer Mandatario expresó: “En este Gobierno, con ustedes y entre todos decimos: ¡basta a la delincuencia! ¡Basta a un sistema de justicia débil! ¡Queremos jueces que sentencien sin temores!”.
Por su parte la ministra de Gobierno, María Paula Romo, señaló los desafíos que la Policía Nacional enfrenta diariamente en la lucha permanente contra la impunidad, crimen y delincuencia. En este marco informó de los casos con problemas que han existido con algunos operadores de justicia, en los cuales se ha visto truncado el trabajo de esta institución.
“Esa es una de las grandes dificultades que enfrenta la Policía Nacional en su trabajo Presidente; casos en donde jueces, ya sea por indolencia, por complicidad, por miedo tal vez (…) o quién sabe por qué motivaciones; pero hay casos en donde hay actuaciones de jueces que resultan inexplicables y que dificultan la tarea de luchar contra el delito. Y mientras esto pasa, por un lado, también vemos a jueces extremadamente acuciosos cuando se trata de procesar a policías que hacen su trabajo”, manifestó.
Además, indicó que existen casos alarmantes como, por ejemplo en la ciudad de Machala, una persona que fue detenida completaba su detención número 57 y, en Cuenca, otra completaba 60 detenciones: los dos casos sin ninguna sentencia. Por ello, señaló la importancia de “trasladarles la frustración que representa para un miembro de la Policía Nacional -que arriesga literalmente su vida todos los días para servir y proteger a las familias ecuatorianas-, lo que representa que se haga una detención, otra detención, otra detención, y estas personas no reciban sentencia”.
CASOS REPRESENTATIVOS
| Caso de ambulancia en la Penitenciaría: El 2 de enero de 2019, un vehículo disfrazado de ambulancia ingresó a la penitenciaría con objetos prohibidos que fueron llevados al pabellón de máxima seguridad. El 17 de febrero la Policía Nacional ejecutó la operación “Fantasma”. Se detuvo a 31 personas supuestamente vinculadas en este caso, de los cuales 21 eran policías. El 12 de agosto la fiscal Jacinta María Andrade Matute, de la Unidad de Delincuencia Organizada Trasnacional e Internacional, se abstuvo de acusar a las 31 personas. Caso de la narcoavioneta en Manabí: El 2 de diciembre de 2017 una avioneta fue retenida en el aeropuerto “Los Perales” de San Vicente, Manabí. Se detuvo a 11 personas que pretendían llevar a EE.UU. más de media tonelada de cocaína. Recibieron por parte del Tribunal Penal una sentencia de 17 años 4 meses de prisión. Cinco meses después, el Tribunal se había olvidado de escribir la sentencia y la alerta se produce porque estaban a punto de ser liberados los involucrados. El Consejo de la Judicatura está investigando a los jueces. Caso del mayor Patricio Vargas Cruz: En Zamora Chinchipe, expresó su inconformidad a un juez quien, en ese momento no solo permitía la liberación de una persona detenida sino que, además, le llamó la atención al policía por pretender una explicación. Caso de la periodista Dayana Monroy: El 21 de agosto de 2019, la Policía Nacional, a través de la UNASE y DINASED, capturó a Fausto Xavier H.B., de 41 años, por extorsión a la periodista Dayana Monroy Tapia y a su hermana. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva para el detenido, que ya tenía 11 demandas por casos similares e incluso por acoso sexual; sin embargo, la jueza Andrea Moreno determinó que no existieron elementos suficientes para la prisión preventiva y ordenó medidas cautelares. Caso del millón de dólares: El 26 de enero de 2019 se encontró la cantidad de USD 999.932 en 2 cartones, durante el operativo “Avalancha 30” vinculado a lucha contra el narcotráfico, en el cual se detuvo a 3 personas vinculadas a este caso. Ellos no fueron encontrados con sustancias estupefacientes, aunque el operativo era de drogas. Fueron acusados por el delito de enriquecimiento privado injustificado al tener tal cantidad de dinero. El juez Ricardo Peñafiel dictaminó su inocencia y ordenó que se devuelva de inmediato el dinero incautado. DEMANDAS A POLICÍAS Seis comandos del GOE están siendo procesados penalmente por haber intervenido en un intento de femicidio en Sucumbíos. Un hombre intentaba matar a su esposa y a sus dos hijos, y uniformados evitaron el crimen. En esta intervención el ciudadano murió mientras era trasladado a un hospital. La esposa del involucrado demandó penalmente a los 6 comandos del GOE y están enfrentado un proceso por homicidio. Cinco policías antinarcóticos demandados en un operativo en Guayaquil. En abril de 2017 participaron en un procedimiento investigativo por el delito de delincuencia organizada. Estaban involucrados policías en servicio activo, los cuales protegían a un grupo que vendía droga en Guayaquil. 11 personas fueron sentenciadas hasta con penas de 4 años de prisión, 2 con 5 años y uno de los detenidos fue sobreseído a pesar de las evidencias. La Fiscal apeló este sobreseimiento, pero fuera de tiempo. En agosto de 2018, esta única persona demandó a los 5 policías por USD 250.000 por daño moral. Caso del cabo David Velasteguí, comando del GOE, quien ha cumplido un año privado de libertad, por el caso ‘Mascarilla’, recibió una sentencia condenatoria en primera instancia que se encuentra en apelación. Su esposa, Evelyn Pedrera, y su familia presentarán en los próximos días a la Asamblea Nacional la solicitud de amnistía, para que los legisladores tomen una decisión que sea de efectivo respaldo al trabajo de un policía. El funcionario trató de evitar el secuestro de una grúa con material mineralizado de Buenos Aires, en la zona del puente de Juncay, Mascarilla. Tras el operativo, nadie ha sido sentenciado por los delitos de minería ilegal, ni por haber quemado un UPC ese 23 de agosto, ni por intentar apuñalar a policías; el único sentenciado de todos los delitos cometidos alrededor de la zona de Buenos Aires es un policía, David Velasteguí. Caso del subteniente Francis Alexander Vivas, acusado de homicidio en Cotopaxi, La Maná. El elemento policial tiene 6 años de servicio en la Policía Nacional y acudió a un llamado en el barrio Primero de Mayo. Dos hombres discutían y uno de ellos asesinó al padre del otro; cuando llegó el policía, el presunto asesino se lanzó contra él. En ejercicio de su legítima defensa y por el estado de necesidad, el subteniente Vivas hizo uso de la fuerza y de su arma. Ahora es investigado penalmente. La policía enfrenta la ingratitud y la falta de respaldo de los ciudadanos. Alejandra Paredes es la viuda del cabo primero Winston Misael Reyes Valencia, quien prestó sus servicios en la Policía Nacional durante 7 años. El cabo Reyes, junto con el cabo Germán Obregón Paladines y el subteniente Guido Daniel Ramírez, participaron en el procedimiento para detener a un agresor: iban en una lancha con dos mujeres y un niño de 8 meses. La lancha se viró en el agua y los 3 policías fallecieron salvando la vida de la madre y del bebé. Cuando los familiares de los policías iniciaron el proceso para que sean declarados héroes nacionales y poder recibir la pensión y el reconocimiento que les corresponde, la familia del bebé de 8 meses que fue salvado pidió dinero a cambio de hacer la declaración de lo que había sucedido. |
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