1.360 agentes penitenciarios y 100 inspectores educadores se incorporan al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria
Boletín 731
28 de noviembre de 2022
• En el primer trimestre del 2023, se integrarán mil servidores penitenciarios más.
• Continúa en marcha la creación del centro de formación y capacitación penitenciaria, que garantizará la capacitación de los funcionarios.
Quito, Ecuador. En cumplimiento con la promesa de transformar y dignificar el sistema de rehabilitación social, hoy el presidente de la República, Guillermo Lasso, asistió a la ceremonia de incorporación de 1.360 nuevos servidores del cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciaria; y 100 inspectores educadores especializados para adolescentes infractores. “Hemos duplicado los recursos humanos necesarios para un manejo profesional y técnico de todos los centros de detención del Ecuador”, señaló el Presidente.
La graduación de estos servidores es parte de la solución integral que el Gobierno del Encuentro emprende para tener un mejor control en las cárceles. Su formación se basó en principios y valores, en el respeto a los derechos humanos, psicología, primeros auxilios, defensa táctica, manejo de crisis, entre otros; creando mejores condiciones para que trabajen con más seguridad y profesionalismo.
El papel que desarrollarán los 100 inspectores educadores – que por primera vez tiene el Ecuador- es fundamental, puesto que la delincuencia organizada y el narcotráfico hoy reclutan a jóvenes, e inclusive a niños. Para ello, estos profesionales se especializaron en trabajo social, psicología, proyectos de reeducación para la atención de los adolescentes que permanecen en 10 centros del país. “Nosotros tenemos la obligación de rescatarlos y reorientarlos para que enderecen su camino. Estos chicos tienen toda una vida por delante”, aseveró el Primer Mandatario.
Durante su intervención, el presidente Guillermo Lasso reafirmó que el Estado no se someterá a la delincuencia y que continuará combatiéndola, por lo que se están ejecutando las acciones que sean necesarias para fortalecer el sistema integralmente. Por ejemplo, se reestructuró al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), entidad que “fue deliberadamente – quien sabe con qué intenciones – abandonada por gobiernos pasados”. Hoy el SNAI cuenta con una mejor administración, un presupuesto transparente, más equipamiento y más servidores penitenciarios.
Este año, el Gobierno del Encuentro destinó más de USD 15 millones para mejoras en el SNAI, como dos modernas salas de monitoreo, un sistema biométrico para identificar a los internos, equipos de comunicación, muros en los centros más conflictivos, además en la compra de vehículos.
Además, Guillermo Rodríguez, director general de esta entidad, destacó que se destinaron más de USD 16 millones anuales para la incorporación de los nuevos servidores penitenciarios. También, señaló que esta semana concluirá el 80 % del censo penitenciario que se desarrolla por disposición del Presidente, mientras que el 20 % restante se ejecutará en diciembre. Precisamente, el Primer Mandatario aseguró que esta y otras acciones permiten la reducción de la sobrepoblación carcelaria: “ahora existe un hacinamiento de apenas el 6 %, en relación al 26 % al inicio de esta administración”.
Para el desarrollo de esta transformación del sistema penitenciario Ecuador contó con apoyo internacional. El Jefe de Estado agradeció a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); a la Organización de las Naciones Unidas (ONU); y a los embajadores de la Unión Europea, Charles Michel Geurts; y de los Estados Unidos, Michael Fitzpatrick .
Durante la ceremonia de graduación de los nuevos agentes penitenciarios, el presidente Guillermo Lasso recibió la máxima condecoración institucional por su determinación y liderazgo demostrado por la transformación penitenciaria. Gracias a la decisión del Gobierno Nacional, hoy la transformación y reestructuración del sistema de rehabilitación social avanza con acciones firmes para alcanzar la paz y seguridad en los 36 centros de reclusión del país. “Mi gobierno respetará los derechos humanos de los detenidos, pero de ninguna manera vamos a permitir que las cárceles sean centros de operaciones del hampa”.